Miami, 4 de mayo del 2014

La dictadura, en su peor momento, busca un nuevo 30-S

Miércoles, 30 de abril, Parcayacu: El presidente Rafael Correa aprovechó la ceremonia de posesión de las nuevas autoridades militares para anunciar que ordenaría la intervención de la fuerza pública en Sarayacu. 

 

Semanas atrás, los dirigentes de la comuna Sarayacu, en la selva oriental ecuatoriana, anunciaron que ponían bajo su protección al ex asambleísta Cléver Jiménez y sus colegas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, condenados a prisión porque el presidente Rafael Correa cree que lo injuriaron.

 

Al enterarse, el primer mandatario, indignado, arremetió contra lo que consideró "una grave amenaza contra el estado de derecho". 

 

No es la primera vez, sin embargo, que el movimiento indígena ignora las atribuciones del estado nacional.

 

Veamos tres ejemplos del año 2009, que llamaron especialmente la atención: 

Un gobierno "normal" hubiese reaccionado modificando algunas de sus políticas. Pero en el Ecuador no hay un gobierno "normal". El 30 de septiembre del 2010 lo vimos. El estilo de Rafael Correa no es corregir sino pegar más duro, sin escatimar el dolor que eso pueda causar. La semana que hoy concluye estuvimos a punto de que repita la receta. 

2 de enero del 2009. Comuneros de Quingueo, en los alrededores de Cuenca, amarran a un hombre y le prenden fuego hasta matarlo porque intentó asaltar un domicilio.

 

10 de febrero del 2009. Comuneros de San Vicente de Cotama, al noroeste de Otavalo, azotan con ortigas y golpean a dos hombres y un menor porque asaltaron una ferretería. Luego queman a los dos adultos. Las víctimas sobrevivieron con quemaduras de segundo grado.

 

27 de marzo del 2009. Comuneros de Canchagua Chico, cantón Saquisilí capturan a Fausto Medina, de 56 años, lo desnudan, lo arrastran, lo azotan y le prenden fuego por haber robando un equipo de sonido. La policía consigue apagar las llamas, pero la victima muere con quemaduras de segundo y tercer grado.

 

En ninguno de esos casos, Rafael Correa hizo respetar el "estado de derecho". 

 

Han habido muchos otros casos de "justicia indígena", un concepto que se introdujo por primera vez en la constitución de Montecristi. Carlos Castro, jefe de la Policía Judicial de Cotopaxi, explicó por esos días, a comienzos del 2009, que "lamentablemente" sus hombres no podían evitar los ajusticiamientos indígenas porque "siempre existe superioridad numérica" de los comuneros, pero ofreció promover, "mediante el diálogo", que entreguen a los detenidos a las autoridades.

 

Los dirigente de Sarayacu esta vez no arrastraron ni quemaron a nadie. Lo único que hicieron fue darle refugio a tres personas que no robaron ni asaltaron a ninguna víctima. Pero el presidente cree que lo injuriaron. Así que el gobierno no quiso dialogar. En su lugar, adoptó otras medidas.

 

El jueves 22 de abril, la policía tomó el control de la vía Canelos, el puerto del río Bobonaza y el aeropuerto Río Amazonas, en la parroquia Shell, donde los uniformados comenzaron a revisar a todos los transeúntes. El viernes, a las 5 de la tarde, dos helicópteros aterrizaron en el río Sarayakillo, y casi a las 8 de la noche, un tercer helicóptero sobrevoló la comuna.  

 

El sábado, desde Génova, el primer mandatario dio su versión. "Allí están escondidos estos tres fugitivos de la justicia; y han decidido darles protección, desafiando el estado de derecho". Lo que se pretende, añadió, es "que haya muertos, una guerra civil y se cae el gobierno".

 

En otras palabras, según el presidente, un nuevo intento de golpe de estado estaba en marcha.

 

El miércoles, durante la ceremonia de posesión de los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas, anunció cuál sería su respuesta: "No existe ningún obstáculo para que el estado ejerza su soberanía en cada centímetro del territorio nacional, para que la policía cumpla con su deber de detener a los prófugos".

 

En tono vehemente, pidió a los militares: "Soldados, lean esa denuncia [la supuesta injuria en su contra] para que vean hasta donde llega la miseria humana". Apeló a su espíritu de cuerpo: "Quiere decir que todos los soldados que participaron ese día [el 30 de septiembre del 2010], que son héroes, resultan unos cómplices o tontos útiles".

 

El mensaje no podía ser más claro: Ninguna negociación, ningún diálogo; intervención de la policía, primero, y luego, de ser necesario, del ejército.

 

El jueves, en la mañana, el director regional de la DAC, Fernando Llerena, suspendió las operaciones en la pista aérea de Sarayacu. Llerena dijo que había recibido una orden de la DAC de Quito para remover unos árboles que obstaculizaban la aproximación de las aeronaves, aunque nunca mostró el documento correspondiente.

 

El escenario estaba listo. Faltaba sólo la orden final.

 

El 30 de septiembre del 2010, el ejército también abrió fuego contra personas inocentes con el pretexto de un golpe de estado que nunca existió. En aquella ocasión, el gobierno también se encontraba en un momento muy difícil. El agotamiento político pesaba demasiado. La receta fue brutal pero efectiva. Gracias a los muertos de ese día, el régimen recobró el control de la situación y pudo imponer una completa calma.

 

Esta semana, Correa consideró la posibilidad de un nuevo 30 de septiembre precisamente porque las circunstancias son parecidas. El 23 de febrero perdió en las urnas de las principales ciudades. Fue su peor fracaso político en siete años. La derrota abrió las compuerta de un malestar social con muchas caras.

 

Un gobierno "normal" hubiese reaccionado modificando algunas de sus políticas. Pero en el Ecuador no hay un gobierno "normal". El 30 de septiembre del 2010 lo vimos. El estilo de Rafael Correa no es corregir sino pegar más duro, sin escatimar el dolor que eso pueda causar. La semana que hoy concluye estuvimos a punto de que repita la receta.

 

Pero entonces, adelantándose a la tragedia, el dirigente indígena Nelson Calapucha informó que Jiménez, Villavicencio y Figueroa habían abandonado Sarayacu: "Salieron la noche del miércoles. No sabemos a dónde se han ido".

 

A las 3 de la tarde se reabrió la pista aérea de Sarayacu y la fuerza pública abandonó el lugar.

 

La oportuna decisión de los indígenas evitó, por ahora, lo que pudo ser un nuevo y doloroso derramamiento de sangre. 
 
¿Podrán evitarlo de nuevo la próxima vez?
10 de febrero del 2009, San Vicente de Cotama, al noroeste de Otavalo: Comuneros azotan con ortigas a dos hombres porque asaltaron una ferretería. Luego les prendieron fuego. Entonces el gobierno no hizo respetar el "estado de derecho".