Emilio Palacio
1 de julio del 2016

Les voy a contar una historia increíble. Mejor dicho, dos historias increíbles. 

Hace un tiempo, recibí la llamada de un empleado del Consejo Nacional Electoral que se encontraba de paso por Miami. Me pidió que nos reuniésemos; tenía algo importante que decirme. Yo debía, eso sí, guardar su nombre en reserva.


Me contó que yo aparecía en los padrones electorales como uno de los ciudadanos que votó en las elecciones de febrero del 2014, a pesar de que la ley nos prohíbe a los empadronados en el extranjero que votemos cuando se trata de elecciones seccionales. 
 
Me explicó, también, que la única manera de demostrar que habían usado mi nombre era que yo viajase a Guayaquil a solicitar mi certificado de votación; algo que por supuesto yo no pensaba hacer. Recordaba todavía cuando Correa me gritó ante las cámaras que si me veía en la calle me caería a patadas. “Si estimas tu vida, ni te aparezcas”, era el mensaje. 
 
Busqué otro modo de probar la estafa, con la mayor reserva. Se corría el peligro de que la noticia se filtre y los autores del fraude borren sus huellas. 
 
Hace unas semanas, recibí una extensa documentación. El señor William Murillo, a quien tampoco conozco, había  descubierto que su mamá, que vive en Nueva York, fue víctima del mismo fraude. Era un caso distinto al mío, porque ella no registró su cambio de domicilio, así que seguía constando en los padrones como residente en Ecuador. Hace poco volvió al país y quiso regularizar su situación. En las oficinas del Consejo Nacional Electoral le contaron que ella sí había “votado” el 2014. 
 
Por esos días, sin embargo, yo tenía la cabeza en otro asunto. Telesur, Correa, El Telégrafo y todo el aparato propagandístico oficial se hallaban empeñados en probar que soy agente de la CIA, junto con otros agentes que también fungen de periodistas, bajo las órdenes de Karen Hollihan. Mi tarea como agente, al parecer, es escribir estos boletines. 
 
Karen Hollihan es una ecuatoriana que vive en Miami. Algunos la conocen como “la cónsul de la oposición”, porque desde inicios del correísmo ha ayudado en lo que ha podido a los que defendemos la democracia en nuestro país, sin pedir nada a cambio. Varias veces la insultaron y amenazaron, pero no se doblega. 
 
Decidido a desvirtuar esas acusaciones, revisé todos los videos y artículos que se publicaron para denigrarme. No incluían ninguna prueba: ni mi credencial de la CIA, ni la identificación de mi revólver, ni los cheques con que me pagan, ni los memorándums con que me dan instrucciones. Nada de nada.  
 
Dejé de lado pues esa tontería y volví a los documentos del señor Murillo. Resultó que él sí podía probar que a varios emigrantes nos hicieron votar en unas elecciones donde no debíamos votar. Ingresando al portal de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (datoseguro.gob.ec), se podía consultar si una persona votó, y averiguar el número de su certificado de votación.  
 
En mi caso, constaba que yo sí voté el 2014 y que mi certificado lleva el número 003-0237.  
 
Murillo descubrió que también hicieron “votar” al conductor de televisión Galo Arellano, que vive en Miami; a los jugadores de fútbol Renato Ibarra y Jefferson Montero, radicados en Holanda y España; y a decenas de miles de emigrantes más.  
Somos 358.831 los ecuatorianos empadronados en el extranjero; Murillo calcula que más de la mitad “votamos” sin enterarnos siquiera.
 
La cosa no termina allí. Hay emigrantes que nunca registraron su cambio de domicilio y, por tanto, para el organismo electoral siguen viviendo en Ecuador. Es el caso de la mamá de Murillo, empadronada todavía en Chordeleg. A muchos también los hicieron votar. ¿Cuántos?, ¿medio millón más? Difícil saberlo. 
 
Ayer por la mañana, el señor Murillo presentó su denuncia ante la prensa en un hotel en Quito. No había terminado de hablar cuando Juan Pablo Pozo, jefe del Consejo Nacional Electoral, ya estaba convocando a una rueda de prensa para desvirtuar sus acusaciones. Dos horas más tarde, Pozo se presentaba en la Fiscalía con su propia denuncia escrita contra el denunciante. Speedy González o el Correcaminos no lo hubiesen hecho mejor.  
 
Imaginen ustedes que alguien les avisa que les robaron en la casa. ¿Qué harían? Investigar, por supuesto. Pozo no. Lo convirtió en un asunto personal, negó la denuncia de buenas a primera y, enojado, calificó de “infame” al denunciante. 
 
Pozo admite que en el portal datoseguro.gob.ec se podía consultar el número del certificado de votación de cada ciudadano empadronado. Solo eso constituye ya una admisión de que el fraude fue posible, porque si el CNE emitió un certificado de votación con mi nombre, eso implica que sus computadoras no distinguen el padrón de los residentes en Ecuador del padrón de los residentes en el extranjero. Mezclan ciudadanos que no pueden votar con ciudadanos que sí pueden hacerlo. 
 
Pozo asegura, en cambio, que el portal datoseguro.gob.ec. no informaba si un ciudadano votó o no votó. Y escribo en pasado (“no informaba”), porque ya no es posible averiguar datos electorales en ese sitio web. Eliminaron esa opción. Pero Pozo miente. Murillo hizo impresiones de varios ejemplos que lo demuestran.  


Él sí hizo lo que Telesur, el gobierno y El Telégrafo no hicieron cuando nos acusaron a varios ecuatorianos de agentes encubiertos. 
 
En las elecciones de febrero del 2014, a pesar del fraude colosal, el gobierno perdió por paliza. ¿Se imaginan cómo hubiesen sido los resultados si no hacían trampa? Habríamos descubierto que el correísmo perdió la simpatía popular mucho antes de lo que algunos creen.


















Impresión del portal datoseguro.gob.ec. que informa que Emilio Palacio "votó" en las elecciones seccionales del 2014, a pesar de que vive en Miami.